Acuerdo de universidades privadas y rol del Estado en educación superior

Editoria de La Tercera

La Red Cruz del Sur es una iniciativa que va en la dirección de juntar esfuerzos para mejorar la calidad, abriendo nuevas vías a la cooperación y evitando caer en el recurso de alegar la falta de aportes fiscales para justificar sus carencias.

Cinco universidades privadas acaban de crear la Red Universitaria Cruz del Sur, destinada a la colaboración recíproca en el ámbito de la investigación, formación profesional, internacionalización y, en general, el mejoramiento de la calidad de la educación superior.

Se trata de una iniciativa que va en la dirección de juntar esfuerzos en pro del mejoramiento de la calidad de estas instituciones, abriendo nuevas vías a la cooperación y evitando caer en el recurso de simplemente alegar la falta de aportes fiscales para justificar sus carencias. Contrasta con la actitud asumida por algunas universidades estatales que han exigido aportes fijos de recursos a sus presupuestos, sin vinculación directa a la calidad de su educación e investigación.

Este tipo de iniciativas ponen de manifiesto la necesidad que la institucionalidad que rige la relación entre el Estado y las universidades supere las estructuras rígidas actuales, especialmente en materia de financiamiento, que provienen de una época en que el Fisco tenía el control de estas entidades, para avanzar a un modelo centrado en la calidad y en la asignación de recursos asociada a ella.

Las universidades de la Red Cruz del Sur forman parte de las instituciones conocidas como “tradicionales” -entre las que existen algunas de propiedad estatal y otras privadas- que se agrupan en el Consejo de Rectores y que corresponden en general a las que existían a la fecha de la reforma de 1981. Estas universidades tienen ciertos beneficios asociados a su carácter “tradicional”, que son principalmente el aporte estatal directo y otros a los que no pueden acceder las universidades privadas creadas después de ese año.

Este acuerdo entre las universidades tradicionales privadas ha sido interpretado, en cierto sentido, como una reacción a la propuesta surgida a principios de este año de parte de algunas estatales para lograr un “nuevo trato” con el Estado, donde ellas se comprometían a proveer educación de calidad e investigación de excelencia, pero exigían a cambio un trato preferente en que se les asegurara el financiamiento estatal a todo evento del 50% de su presupuesto actual, reajustado según el PIB. Ese reclamo de los planteles estatales significaba buscar un trato preferente, incluso respecto de los demás miembros del Consejo de Rectores, lo que hace entendible que algunos de ellos hayan buscado agruparse para aunar esfuerzos en defensa de sus legítimos intereses.

El actual sistema de financiamiento universitario, que canaliza siete veces más recursos por la vía del aporte directo que por la del indirecto (AFI), asociado a la preferencia de los estudiantes de mejor puntaje, debería ser sustituido por otro en que todos los aportes fiscales estuvieran asociados a la calidad de la educación y la investigación que se realiza, sin discriminar si la universidad es estatal o privada.

Una parte sustancial debería entregarse a través de mayores subsidios a los estudiantes y la preferencia que ellos hacen; otra a proyectos asociados a mejoramientos de la calidad, y otra debería incrementar los recursos de Fondecyt y otros fondos que premian la investigación científica de excelencia. No cabe duda de que el capital humano e institucional de las principales universidades estatales les permitiría competir con éxito en este nuevo escenario, pero las obligaría a esfuerzos de eficiencia y gestión que a estas alturas resultan indispensables, como lo han ratificado recientes informes de entidades internacionales.

La naturaleza pública de la educación, en cuanto provee de un bien necesario para la sociedad y cuyos efectos van más allá de quien la entrega y recibe, no está asociada a si la universidad es estatal, tradicional o privada. Cuando cada una de ellas cumple con su misión institucional y responde a los estándares exigidos está asumiendo el rol público de la educación. La institucionalidad debería avanzar en reconocer esta realidad y premiar la calidad más que la dependencia estatal o privada de las entidades.

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